Objeto
Reconocer la propiedad comunal
La ley protege la relación histórica de las comunidades con sus territorios y reconoce que esas tierras forman parte esencial de su identidad, organización social y continuidad cultural.
CRACCS
Navegación principal
Busca noticias por título, resumen o contenido y abre la publicación seleccionada.
Buscando publicaciones...
Estamos consultando las noticias disponibles.
No hay publicaciones para mostrar.
Intenta de nuevo en unos segundos.
{post.title}
{post.excerpt || 'Abrir publicación'}
La Ley 445 desarrolla el reconocimiento de la propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe, y fija las bases para la titulación, demarcación y saneamiento de sus territorios ancestrales.
Objeto
La ley protege la relación histórica de las comunidades con sus territorios y reconoce que esas tierras forman parte esencial de su identidad, organización social y continuidad cultural.
Alcance
Establece un procedimiento para identificar, delimitar y titular los territorios comunales, buscando seguridad jurídica para las comunidades y mayor claridad institucional sobre su administración.
Territorio
La propiedad comunal se entiende como un bien colectivo vinculado al aprovechamiento tradicional de la tierra, los bosques, las aguas y otros recursos usados por los pueblos y comunidades.
Garantía
También prevé mecanismos para atender conflictos sobre ocupación o tenencia, con el fin de proteger los derechos colectivos y reducir disputas dentro de los territorios ya reconocidos.
Puntos clave
La norma organiza un proceso formal para el reconocimiento territorial, desde la identificación del territorio reclamado hasta la emisión del título comunal correspondiente.
Reconoce la participación de las autoridades propias de las comunidades y territorios en la gestión de sus asuntos, fortaleciendo la gobernanza local dentro del marco autonómico.
La Ley 445 complementa la Ley 28 al desarrollar de forma más específica la protección territorial y los mecanismos jurídicos necesarios para hacer efectivos derechos ya reconocidos por el régimen autonómico.
Su aporte central es ofrecer una base legal más clara para la defensa de la tierra comunal, la resolución de conflictos y la preservación del territorio como espacio de vida y cultura.